La Corte Suprema decidió en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentó cancelar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
La decisión 6 a 3 fue sobre la opinión escrita por el magistrado presidente de la Corte, John Roberts, quien concluye que los hijos nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular o temporal “nacen en Estados Unidos” y “están sujetos a su jurisdicción”.
“Según la Constitución, son ciudadanos desde su nacimiento”, señala la decisión.
Tras varias demandas en distintas cortes, el caso llegó a la Corte Suprema con una intensa presión del presidente Trump, quien afirma que la ciudadanía por nacimiento solamente se consideró en la Decimocuarta Enmienda para los hijos de esclavos.
El 20 de enero de 2025, apenas a dos horas de arribar a la Casa Blanca, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento, impactando la Constitución.
La orden del mandatario republicano indica que aplicaría a los bebés nacidos después del 19 de febero de 2025, que fueran hijos de padres que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, es decir personas indocumentadas o con otro estatus de visa; así como hijos de madres sin estatus legal o con residencia temporal.
Los únicos bebés con ciudadanía serían aquellos nacidos de un padre ciudadano o titular de Green Card, o que su madre fuera ciudadana o titular una Green Card, refugiada o asilada.
En su opinión, el magistrado Roberts invoca la historia de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil estadounidense para resolver la cuestión de la ciudadanía de los exesclavos nacidos en Estados Unidos y luego liberados.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, escribe Roberts. “Mantenemos esa promesa hoy”.
La orden enfrentó varias demandas inmediatas, incluida una liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
“La ciudadanía por derecho de nacimiento es fundamental para nuestra identidad como país. Es una de las razones principales por las que Estados Unidos ha sido visto, durante generaciones, como un faro de libertad y oportunidad para personas de todo el mundo”, defendió la organización.