El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para endurecer las medidas contra las llamadas telefónicas y comunicaciones comerciales o publicitarias no autorizadas.

La reforma, impulsada por la senadora Mayuli Martínez Simón, busca que las empresas respeten la decisión de los consumidores que manifiesten expresamente que no desean recibir publicidad por teléfono. El dictamen establece sanciones de entre 56 mil 570 pesos y 2 millones 345 mil 728 pesos para quienes incumplan estas disposiciones.

La modificación contempla prohibir que proveedores y empresas realicen llamadas o comunicaciones comerciales de manera reiterada y persistentecuando el consumidor no haya autorizado este tipo de contactos o haya expresado su negativa a recibirlos.

Uno de los puntos centrales es que las compañías no podrán deslindarse de su responsabilidad cuando recurran a terceros o centros de llamadas (call centers) para contactar a los consumidores. Los proveedores mantendrán responsabilidad por estas prácticas aun cuando la comunicación sea realizada por otra empresa contratada para ese fin.

Crearán registro contra el acoso telefónico

La propuesta también contempla fortalecer los mecanismos mediante los cuales las personas pueden manifestar que no desean recibir llamadas publicitarias. Entre las medidas previstas se encuentra un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que los ciudadanos podrán inscribirse de manera gratuita para expresar su negativa a recibir este tipo de publicidad.

Las empresas deberán consultar y respetar esa decisión antes de realizar llamadas con fines comerciales.

Durante la discusión, Mayuli Martínez señaló que el objetivo es proteger la privacidad de los consumidores y evitar que tengan que repetir constantemente que no están interesados en determinados productos o servicios.

La legisladora sostuvo que la reforma busca dar a los ciudadanos un mecanismo efectivo para ejercer su decisión de no recibir publicidad telefónica, además de impedir que las compañías argumenten que el contacto fue realizado por un tercero.

Multas millonarias

Con los cambios aprobados, las conductas relacionadas con el uso de información para fines mercadotécnicos o publicitarios y las comunicaciones comerciales no autorizadas podrán ser sancionadas con multas que llegan a más de 2.3 millones de pesos.

El dictamen parte de la problemática que representan las llamadas comerciales insistentes para los consumidores, además de los riesgos asociados al uso de datos personales y a posibles fraudes mediante llamadas telefónicas.

Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.